La propuesta del Gobierno sobre la reforma de las pensiones, que ha analizado hoy el Consejo de Ministros, no introduce modificaciones relevantes respecto al contenido básico de la propuesta presentada por el Comité de Expertos y persigue el mismo objetivo: la disminución inmediata y continuada de la cuantía de las pensiones, lo que provocará un deterioro en el nivel de vida de los pensionistas (la pérdida de poder adquisitivo podría situarse entre el 20% y el 28%). UGT vuelve a reiterar que una nueva reforma de las pensiones es injusta e innecesaria, pues hay un Acuerdo vigente consensuado en 2011 por los interlocutores sociales y el Gobierno, y cuya vigencia comenzó este año, que garantiza la sostenibilidad del Sistema en el corto y medio plazo. Exige que cualquier modificación que se haga cuente con el necesario consenso social y político y, frente al recorte de las pensiones, defiende otras alternativas, como el aumento de las aportaciones públicas. En este sentido, recuerda que la mayor fuente de ingresos vendría derivada del cambio radical de la política económica del Gobierno, de tal forma que se incentive el crecimiento y el empleo.
La propuesta sobre pensiones del Gobierno solo presenta leves variaciones con respecto a la defendida por el Comité de Expertos. Pese a que hay un cambio en la denominación de los factores, su configuración es casi idéntica y sus efectos y consecuencias muy similares: se reduce la cuantía de la prestación de los actuales y futuros pensionistas.
Se siguen manteniendo dos elementos: el Factor de Sostenibilidad (denominado, Factor de Equidad Intergeneracional por el Informe de la Comisión de Expertos) y el índice de Revalorización de las Pensiones (lo que los expertos denominaron “Factor de Revalorización Anual”).
Respecto al primer factor, lo único que diferencia la propuesta del Gobierno de la realizada por el Comité de Expertos, es que el Gobierno retrasa la aplicación de este factor a 2019 (frente al año 2014 propuesto por los expertos).
Asimismo, con el Índice de Revalorización de las Pensiones, el Gobierno persigue la misma finalidad que la planteada por el Comité de Expertos: modificar las reglas para la revalorización de las pensiones, desvinculándola del IPC y acomodando la misma a la evolución de la situación financiera del Sistema. Este Índice se basa en una fórmula matemática realizada a partir de proyecciones, estimaciones y previsiones, con una alta probabilidad de error (tal y como demuestra la experiencia) máxime cuando muchas de ellas son a largo plazo.
La novedad más importante de la propuesta del Gobierno, establecer un suelo y un techo de revalorización asociado a este Índice tampoco impide el peligro cierto de que los pensionistas pierdan poder adquisitivo. Así, en un supuesto estándar en el que los precios crecieran el 2% de media, por cada año de recesión se podría llegar a perder un 1,75%, mientras que en los años de expansión sólo se recuperaría el 0,25%. Es decir por cada año de recesión se necesitarían 7 años para recuperar el poder adquisitivo perdido. El sindicato exige, específicamente, la retirada de este Índice de Revalorización de Pensiones, incluida en la propuesta del Gobierno.
En definitiva, la aplicación conjunta de estos dos factores propuestos por el Gobierno (Factor de Sostenibilidad e Índice de Revalorización Anual) traerá como consecuencia que el valor real de las pensiones tenderá a disminuir, particularmente en los años de depresión, sin que se vaya a recuperar la pérdida de valor adquisitivo en la fase de recuperación. Como también lo hará la tasa de sustitución de la pensión (la relación porcentual entre la cuantía de ésta y la del salario que se cobraba antes de pasar a la situación de pensionista).
Por otro lado, el documento del Gobierno adolece también de vacíos y cuestiones sin resolver que afectan a ambos elementos.
